El comercio no garantiza la riqueza de un país pero la producción sí. La Administración Sila Maria Calderón convirtió a los cañicultores en el sector agrícola más explotado y marginado de toda la industria agrícola de Puerto Rico, y a su vez convirtiendo al Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras en los autores de estos crímenes. La razón de estos crímenes: la energía, la importación del petróleo y la distribución de la gasolina.
Es imposible que un cañicultor realice negocios a largo plazo cuando el periodo máximo de arrendamiento que le ofrece la Autoridad de Tierras es de cinco años. En el 2001 la Autoridad de Tierras violentó el contrato de arrendamiento y producción en sus campos que tenían los colonos de Yabucoa, arrebatando sus terrenos sin importarle su zafra. Estas acciones llevaron a la quiebra la industria azucarera de Puerto Rico. Claro, no podemos olvidar quien era el esposo de la Gobernante, aquel que desde en un principio le convenía monopolizar la importación del petróleo y la distribución de la gasolina en la isla.
El jueves 10 de julio del 2003 el secretario del Departamento de Agricultura, Luis Rivero Cubano, optó por invertir $19 millones para que las cinco mil cuerdas de terreno en el Valle de Yabucoa que estaban dedicadas al cultivo de caña por los Colonos de la Central Roig fuesen reconvertidas a otro tipo de uso agrícola. Desde su conferencia de prensa en Fortaleza, el Sr. Cubano dijo que la política pública de la Administración de Sila M. Calderón era redirigir la industria cañera a otros cultivos. Esta transacción la garantizó el Banco Gubernamental de Fomento con un pago inicial de $4 millones y $15 millones de balance aplazados a siete años.
Esta gestión inmediatamente causó estragos en la economía local del Pueblo de Yabucoa y sus pueblos adyacentes, resultando en más de un 22% de desempleo, y en perdidas que ascendieron a los $12 millones para los Colonos de la Central Roig por la zafra de caña cultivada. Cientos de negocios directos e indirectos que dependían de las gestiones agrícolas de la Central Roig quebraron.
Estas acciones violentaron los derechos más dignos de la familia del agricultor Puertorriqueño en donde se violaron los derechos civiles, derechos a la propiedad y más aun el derecho al trabajo. Acciones que fueron contrarias a la política publica de la Administración de Pedro Roselló quien creó el proyecto que dio lugar la Ley 189 del 5 de septiembre del 1996, que en su base legal establecía el traspaso de activos y pasivos a manos de los Colonos existentes para producir un millón de quintales de azúcar para el consumo local. Claro, para ese entonces los Colonos de la Central Roig desconocían el rol que la industria azucarera iba a jugar en el mundo de los combustibles y la energía renovable del etanol.
No obstante el Gobernador Aníbal Acevedo Vila se convirtió en uno de los 30 miembros de la Coalición de Gobernadores de Etanol en los Estados Unidos “Gobernor’s Ethanol Coalición”. El 9 de junio del 2005 Acevedo Vila endosó el “National Security and Bioenergy Act of 2005” en beneficio de los estados productores de etanol, sin embargo, fue incapaz de extender la ayuda para fomentar la producción de etanol en Puerto Rico. Mas aun, Acevedo Vila le exigió a la Autoridad de Tierras que adquiriera sobre 80,000 cuerdas agrícolas las cuales al final quedaron al baldío. Por esto el Departamento de Agricultura de Puerto Rico junto al entonces Secretario y aspirante a Senador por el Partido Popular José Orlando Fabrés Laboy desmotivó, ahuyentó a inversionistas del extranjero que deseaban reestablecer la industria azucarera en Puerto Rico y establecer la industria del etanol junto a los ya destituidos cañicultures Puertorriqueños.
El costo de la producción de etanol basado en caña de azúcar es la mitad que el etanol producido con la materia prima del maíz, es decir, muy bien esta industria pudo haber incrementado la economía de los pueblos de Yabucoa, Humacao, Salinas, Patillas, Maunabo, Arrollo, Las Piedras y Guayama; y además, reducir el costo de la gasolina en Puerto Rico dejando un superávit en la industria azucarera.
Con alevosía y premeditación el Departamento de Agricultura confabulo para quedarse con la Central y Refinería Mercedita. Fernando Toledo quien para ese entonces era el Secretario de Agricultura le presentó al grupo de Colonos al empresario Dominicano Abraham Selman como “un inversionista externo con amplia capacidad técnica y financiera para administrar la Refinería Mercedita”.
Selman y su compañía Fin Tech llegaron con la promesa invertir y reestablecer la industria azucarera en Puerto Rico, no optante nunca se vio producción en la Refinería Mercedita y extrañamente desapareció su molino valorizado en 3 millones de dólares.
Eduardo Bhatia quien representaba al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en los Estados Unidos y era el asesor principal del gobernador Acebedo Vila sobre asuntos federales de interés para Puerto Rico anunció la inclusión del lenguaje en el proyecto de Ley H.R. 6: Política Publica Sobre Energía de 2005, el cual eximia a Puerto Rico de la medida Estándar de Combustibles Renovables.
La medida Título 15 del proyecto de Ley H.R. 6 conocida como “Estándar de Combustible Renovable”, considerado y aprobado por las sesiones número 107 y 108 del Congreso Federal, requería un aumento en la cantidad de combustible derivado de fuentes agrícolas renovables, como el etanol, en el combustible utilizado en los vehículos de motor. Lo cual si se hubiese producido en Puerto Rico hubiera reducido el precio de la gasolina, y a su vez proveía un nuevo mercado para las cosechas de los cañicultores de Puerto Rico.
Según Bathia aunque el etanol reduce ciertas emisiones de los vehículos y es una fuente alterna doméstica de energía, su producción resultaba muy costosa. Sin embargo, cuando la compañía Planet Investments propuso incurrir con la inversión prometiendo la creación de 32,000 empleos directos se le denegó dicha inversión aunque la misma no solicitaba fondos públicos. Bathia utilizó como pretexto que la transportación marítima del etanol era peligrosa cuando desde el principio el etanol iba a ser producido en Yabucoa sin utilizar la transportación marítima.
Hace tres años la Refinería Shell en Yabucoa anunció que no iba a refinar más petróleo en Puerto Rico. Es decir; dichas facilidades serian utilizadas como almacenes ya que la gasolina seria importada. Resultado: más de 100 personas quedaron desempleadas. Seguramente esta ley que Bathia rechazó para Puerto Rico hubiese beneficiado no solo a los cañicultores, a la misma Shell y al sufrido pueblo de Puerto Rico.
El gobierno debe de garantizar el bienestar de los inversionistas, cañicultores, y de sus trabajadores, ofreciendo certidumbre, permanencia, viabilidad y continuidad en el tiempo del arrendamiento de terrenos y a la cadena productiva industria y sector primario que la abastece, para así entonces viabilizar y dar entrada a los inversionistas que desean establecer la industria del etanol.
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