Nueva Jersey, 8 oct (EFE).- Organizaciones pro derechos humanos han pedido a la Corte Federal de Nueva Jersey que desestime la demanda de un grupo antiinmigrante que busca prohibir el alquiler de viviendas a indocumentados.
El documento en conexión con el caso judicial Del Río-Mocci contra Connolly Properties, Inc -empresa que arrienda apartamentos en Plainfield-, fue presentado por varias organizaciones de defensa de los derechos de los hispanos que se oponen a las iniciativas contra los inmigrantes.
Las organizaciones representadas son el Fondo de Educación y Defensa Legal México Americano (MALDEF), la Unión de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto de Derechos del Inmigrante, ACLU de Nueva Jersey, Centro por Justicia Social de la Escuela de Leyes de Seton Hall University, y los abogados Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP.
"Hemos presentado esta moción porque es importante que la Corte sepa qué otros casos legales de este tipo, tanto en California como Pensilvania Texas, Misuri y Oklahoma, han sido declarados inconstitucionales", dijo a Efe la abogada Kristina Campbell, portavoz de MALDEF.
En esos casos, "los jueces han presentado mociones de amparo para prohibir a ciudades y estados poner en práctica leyes que pueden ser usadas para que no se alquilen casas a los inmigrantes", señaló Campbell.
"La ley federal es muy específica de lo que se debe hacer o no en los pueblos y la constitución no indica ninguna prohibición para alquilar vivienda a los indocumentados", agregó.
La estrategia legal del Instituto para la Ley de Reforma Migratoria (IRLI) es impedir que los propietarios de viviendas alquilen casas a indocumentados y pretende que los caseros hagan el papel de agentes de inmigración bajo la Ley contra Organizaciones Corruptas influidas por la Mafia (RICO).
Esta ley fue aprobada en 1970 para combatir la mafia organizada, los delitos relacionados con la migración y el tráfico humano.
La demanda de IRLI sostiene que la empresa inmobiliaria tiene un alto número de indocumentados en sus propiedades que podrían estar buscados por las autoridades.
Flor González, directora ejecutiva de Latin American Coalition de Plainfield, dijo que es importante luchar contra la demanda porque tendría un efecto muy negativo contra la comunidad.
De ser aprobada, los caseros deberán pedir "los
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