La ley estatal más estricta de la nación en materia de inmigración, que entrará en vigor en carolina del Sur el próximo once de enero, está siendo impugnada por el gobierno federal, mediante una demanda presentada este lunes.
El gobierno federal alega que la parte de la ley que obliga a las autoridades a verificar el estado migratorio de aquellas personas que sean sospechosas, no es constitucional. Ya antes, varios funcionarios de la Administración federal se habían reunido con autoridades de Carolina del Sur para discutir el tema, pero aparentemente no llegaron a ningún acuerdo.
La ley aprobada por la legislatura del Estado, obliga a los agentes policiales a llamar a funcionarios de inmigración si sospechan que algún detenido ya sea por violaciones de tránsito o cualquier otra infracción esté en el país de forma ilegal.
Corresponde al gobierno federal la aplicación y cumplimiento de las leyes migratorias del país. Sin embargo, ya se ha convertido en rutina que tanto estados como hasta entidades municipales emitan sus propias reglas de migración, en intentos por forzar al gobierno federal a deportar a más de 10 millones de indocumentados que se calculan existen en el país.

La demanda federal ha sido interpuesta en contra de la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, Republicana e hija de inmigrantes de la India.
Bajo acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya hay demandas similares además en Arizona y Alabama.